jueves, 28 de julio de 2011

INAES ES NECESARIO UN CAMBIO (negocios para los amigos III)


Asociados de la Mutual Vida Activa denuncian irregularidades del INAES
Desde el mes de noviembre de 2009, la Mutual Vida Activa de la Ciudad de Buenos Aires se encuentra intervenida por el INAES. Se trata de una entidad nacida en la propia necesidad de los empleados municipales de ayudarse recíprocamente, contando en la actualidad con códigos de descuento en el Gobierno de la Ciudad, en la Universidad de Buenos Aires y en ANSES.
Por demás excesivo ha sido el plazo con el que ha contando el interventor designado, Francisco Gabriel Dallo, para resolver los motivos que dieran origen a esta extrema medida.
El ansiado momento de “normalizar” la Mutual sigue haciéndose esperar. Mientras el organismo impulsa en la Justicia sucesivas prórrogas semestrales a esta medida, el Gerente de Intervenciones e Infracciones del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, Adrián Brianza, se reunió con asociados de Vida Activa, a quienes les aseguró que antes del 31 de agosto se convocaría a asamblea para normalizar la entidad. Una afirmación que deviene a  contramano de las acciones palpables en la realidad.
Frente al descontrol de los funcionarios públicos, se efectuaron diversas denuncias ante el fuero actuante y en el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 2 a cargo del Dr. Marcelo Martínez De Giorgi.
Como introducción a la problemática, señalan que la intervención fue requerida por el INAES con inusitada rapidez, siguiendo un procedimiento donde la Mutual no tuvo oportunidad de hacer valer sus derechos y en el cual las presentaciones de sus asociados fueron desoídas. La irregularidad aducida se trató de la apropiación indebida de fondos por parte de quien era su presidente, María Isabel Magliarella, y sus familiares. Al tomar conocimiento del ilícito, el Consejo Directivo formuló denuncia penal y convocó a asamblea para revocar su designación, lo cual evidenció un proceder ajustado a derecho y tan rápido como pudo ser posible.
         
Lo curioso, de acuerdo a las presentaciones judiciales de los asociados, es que la denuncia ante el Instituto, contra la Mutual, la hizo Julio Alfredo Losno, nada más ni nada menos que el cónyuge de la Presidente removida de su cargo. Esta interesante circunstancia, lejos de atraer la atención de los funcionarios del organismo, habría sido impulsada por ellos mismos.
En definitiva, y forzando un dictamen espurio, se arriba a la conclusión de que la entidad debía ser intervenida por la denuncia que hicieron los mismos que cometieron el ilícito. La Mutual no tuvo oportunidad de ser oída ni producir su descargo.
Esta intervención fue negociada por los implicados con el operador político del organismo, Orlando “Cuto” Barquín, contando con el respaldo de funcionarios corruptos, de amplios conocimientos técnicos. De ahí, puede comprenderse la inusitada rapidez del trámite: el expediente se armó el 7 de septiembre de 2009, fecha a la cual ya se habían acumulado 537 fojas, y el pedido de intervención es aprobado por el Directorio del INAES el 24 de septiembre. Una eficacia sobrenatural sólo posible de lograr por el desenfrenado impulso de la corrupción.
De esta forma, la Justicia avala el pedido del Instituto y acepta al postulante como interventor: Francisco Gabriel Dallo, artífice de la intervención de la Mutual Policial de Entre Ríos. El, y parte de su equipo viven en la ciudad de Santa Fe, de donde cada traslado irroga un inmenso gasto, causando enormes daños a la Mutual.
El número de asociados se redujo de 15.000 a menos de 9.000, según informan los denunciantes, quienes a su vez resaltan que: “el interventor tampoco cumplió con su obligación de informar al Juzgado regularmente. Es claro que, de hacerlo, debería faltar a la verdad o, lo que es imposible, informar que su gestión es un verdadero desastre para la Mutual”.
Red Mutual
“Con seguridad, lo más grave de la iniquidad de esta intervención es la pérdida de la identidad propia de la Mutual, con el manifiesto encubrimiento del propio órgano de contralor, porque sin razón alguna que lo justifique, el interventor la ha incorporado a llamada Red Mutual”. Los denunciantes agregan que se trata de un grupo que “trabaja sobre la base de un holding financiero que se apropia de las entidades para colocar sus capitales y cobrar las cuotas de estos créditos a través del código de descuento de cada una. Para ello, construye fideicomisos”.
El interventor le dio el gerenciamiento y administración a esta Red, quien colocó a Gabriel Pucheta al frente de la operatoria, al que luego se le sumó una licenciada en ciencias políticas, Dolores Acuña, con experiencia laboral como contratada en la Municipalidad de Santa Fe e hija del actual liquidador de una Mutual en la ciudad de Rafaela.
Serios antecedentes
En la denuncia elevada a ambos Juzgados, se citan dos antecedentes. El primero de ellos es el de la Mutual Policial de Entre Ríos que, tras años de intervención, hizo frente a un pasivo de más de tres millones de pesos y a un concurso preventivo, para nunca más volver a ser conducida por policías, a partir de una reforma del estatuto.
         
El interventor fue también Francisco Gabriel Dallo, y la hazaña económica que logró hacer frente a las deudas vino de la mano del holding santafesino, Red Mutual. La entidad se abrió a otros asociados, y la nueva conducción recayó sobre las mismas manos que manejaron la intervención. Tras ello, sobrevino una denuncia penal de algunos asociados que sostienen que la Mutual Policial de Entre Ríos ha sido sistemáticamente vaciada, que conforman claramente una asociación ilícita, y afirman que actualmente se encuentra en manos de pseudo asociados activos que, a su vez, "han experimentado un crecimiento patrimonial desmedido y desproporcionado en función de sus legítimos ingresos".
El segundo de los antecedentes citados es el de la Asociación Mutual Médica del Departamento de Castellanos, con sede en la ciudad de Rafaela, ratificando cada uno de los hechos narrados por este medio en diferentes artículos.
La intervención de esta entidad se inició el 21 de septiembre de 2009, cuando el magistrado designó a la contadora Andrea Alzogaray, junto a los abogados Alberto Acuña (su hija trabaja en el actual vaciamiento de Vida Activa) y Adrián Cornaglia, letrado participante en todas las intervenciones y premiado con la Secretaría de la entidad entrerriana.
Estos dos últimos profesionales, hoy conducen la liquidación de la Mutual Médica, ostentando las facultades que el Estatuto Social y la legislación vigente confieren a la Comisión Directiva, la Junta Fiscalizadora y la Asamblea de Socios.
Bajo el amparo de la órbita judicial
¿Será Vida Activa Mutual una nueva entidad vaciada bajo el amparo de la órbita judicial?, se preguntan los asociados en su escrito ante el Juez Federal Martínez De Giorgi.

“Curiosamente, quien ocupa el cargo de interventor es también un santafesino de amplia trayectoria en la materia y a quien en este escrito estamos cuestionando severamente: Francisco Gabriel Dallo”.
Los empleados de la Mutual fueron desplazados por las nuevas caras y vaciados en sus funciones. Los más antiguos, y de mayor jerarquía, han sido degradados y se dieron por despedidos o han sido agredidos físicamente.
El gasto operativo total de Vida Activa, sumando los suculentos viáticos, no está pudiendo cubrirse con el ingreso genuino de las cuotas sociales. Mientras tanto, las bajas de asociados siguen siendo por docenas. ¿Así se administra una entidad?. Los funcionarios impuestos por el Estado no parecen conocer de números, aunque sí de negocios.
   
“Actualmente, todos los empleados se encuentran en un estado de terror ante estos acontecimientos, ya que Dallo busca que nadie hable”.
Los asociados presentantes requieren a la Justicia la realización de una auditoría externa a cargo de Perito Contador designado de oficio, a los fines de que establezca la real situación patrimonial de la entidad intervenida y el inmediato llamado a una asamblea para que se elija un nuevo Consejo Directivo y Junta Fiscalizadora, a fin de alcanzar la deseada regularización de Vida Activa Mutual.
Más avances de la Red
No hay rincón del país que visitemos donde no se escuchen denuncias y reclamos contra la conocida Red Mutual, definida por muchos como un holding financiero encabezado por el empresario Walter Grenón, quien se apropia de las entidades para colocar sus capitales y cobrar las cuotas de estos créditos. En el marco de este negocio intenta monopolizar, o estructurar a su conveniencia, el uso de los códigos de descuento en cada distrito y/o dependencia.
Los últimos alaridos provenían de la provincia de Mendoza, acusando a este grupo de ser el impulsor del Centro Unico de Autorización de Descuentos, sobre el cual se interpusieron decenas de recursos judiciales. Ahora, los gritos de la dirigencia salían de los propios despachos del Gobernador bonaerense Daniel Scioli y de su jefe de gabinete.
Al parecer, la Red instaló en la provincia de Buenos Aires a su entidad cabecera, la Asociación Mutual Unión Solidaria (AMUS). Con importantes contribuciones a la campaña electoral, habría despertado el interés de los funcionarios, quienes ya tenían en sus manos firmado el otorgamiento de varios códigos en diversas dependencias bonaerenses. 

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