No se ve como el deterioro de lo público, según los expertos
Los electores perciben las causas judiciales a políticos como un instrumento electoral
Pancarta colocada en la concentración de la Puerta del So. / J. A. R.
Los estudios desvelan que los casos de corrupción suelen provocar una pérdida de voto de alrededor del 4% y de entre el 8 y el 9% si se trata de causas con trascendencia nacional. Sin embargo, los resultados del 22M difieren de esta tónica y apuntan a que ha habido otras causas, fundamentalmente una, la crisis, que han pasado factura en mucha mayor medida que la corrupción.
La crisis afecta directamente a los ciudadanos. Sin embargo, la corrupción se percibe como algo ajeno, lejano, según los expertos.
Catedráticos y profesores de Opinión Pública, Sociología y Ciencias Políticas coinciden en señalar que la corrupción nunca es determinante a la hora de decidir un voto y que siempre se unen otras cuestiones que acaban resultando claves. La crisis, la gestión pública, los conflictos directos son las premisas que se han barajado a la hora de decidir los votos.
La profesora de Ciencia Política de la Universidad de Granada, Susana Corzo, considera que los votantes ven la corrupción como uninstrumento electoral para desprestigiar al adversario político y advierte de que se terminan normalizando las acusaciones y el ciudadano presta más atención a conflictos que le afectan de forma más directa, como el desempleo o la crisis. El sociólogo José Miguel Iribar cree que se ve como algo lejano y “sin conciencia del deterioro de lo público”, añade. Manuel Villoria, catedrático de Ciencia Política de la Universidad Rey Juan Carlos, coincide en esta percepción. “Los ciudadanos no se sienten víctimas directas sino que lo ven como daños a la sociedad en general, no piensan que hayan perdido de su cartera”, dice.
Los ciudadanos no se sienten víctimas directas
La medida del castigo difiere según quien la plantee. El catedrático de Opinión Pública en la Universidad Complutense de Madrid, Fermín Bouza, asegura que la corrupción “no quita ni un voto”, mientras que el profesor de Sociología de la Universitat de Valencia, Josep Pérez, cree que el castigo sí ha existido y se ha traducido en el incremento de los votos nulos y en blanco. Manuel Villoria sostiene la misma tesis para los casos en los que no existe una alternativa pero esgrimen lo ocurrido en algunos municipios de la Comunidad de Madrid, vinculados al caso Gürtel, en la que listas de independientes “que han hecho de la lucha contra la corrupción su bandera”, han obtenido muy buenos resultados.
Susana Corzo cree que el desinterés por las causas judiciales abiertas a políticos se debe a que los ciudadanos abocan la tarea de suresolución en los jueces, aunque Fermín Bouza considera que esto es atribuir a los votantes una racionalidad que no se puede asignar a la mayoría de los ciudadanos. Para Josep Pérez, la lentitud de la justicia se traduce en una apreciación de “impunidad judicial”.
El profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Santiago, Miguel Anxo Bastos, piensa que la indulgencia sobre los casos de corrupción no difiere según la tendencia de cada uno “se da en todos los partidos”, dice, aunque para el sociólogo José Miguel Iribar, el perdón a la corrupción sí es más notable entre los votantes conservadores, al igual que Manuel Villoria que apunta que el votante progresista sí castiga a sus corruptos en mayor medida que el PP y se remite a los “resultados demoledores de Sevilla”.
