Otra causa judicial que salpica a numerosos funcionarios públicos, y en la cual se discutía la competencia del fuero provincial o federal, fue remitida por la Corte Suprema de Justicia al Juzgado de Instrucción de la sexta nominación de Santa Fe a los efectos de que prosiga con la investigación de la causa y ordenó sacar copias del expediente para su análisis.
Nadie puede oponerse a la redistribución del ingreso a través de subsidios sociales, cuando los verdaderos beneficiarios son las personas en estado de vulnerabilidad. Pero en el medio, este reparto millonario se usa para fomentar el clientelismo político y favorecer actos de corrupción.
Con este fin, se han utilizado intermediarios para administrar cifras millonarias de fondos públicos, como por ejemplo, durante 2010: “4 de cada 10 pesos fueron subsidios directos”, el 60% restante se manejó a través de terceros, donde aparecen: Cooperativas del Plan Argentina Trabaja, Federaciones y Confederaciones sectoriales, la Fundación Madres de Plaza de Mayo y la organización jujeña de Milagros Salas, entre tantas otras.
Por eso, hay razones para sospechar que el resonante caso de Schoklender es sólo un testimonio en un contexto de ineficiencia y corrupción estructural.
A través de las múltiples vías por las que se canalizan subsidios, es altamente probable que se estén desviando recursos públicos de magnitudes significativamente mayores y con fines poco transparentes, y los funcionarios del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social no son ajenos a este modus operandi.
En una profunda investigación de seis cuerpos y cientos de fojas, se analiza el desvío de fondos públicos que habrían realizado los integrantes de la Mutual Pro Frut en connivencia con el INAES.
Se trata de una entidad de la ciudad santafecina de Coronda, capital nacional de la frutilla, que apenas contaba con 34 asociados. Sorpresivamente, aparecieron los beneficios económicos.
El 17 de febrero de 2011, Pro Frut y el INAES firmaron un convenio de cogestión por $ 1.500.000 con la finalidad de “concurrir a la promoción y el desarrollo de la actividad cooperativa y/o mutual, consolidar la integración … (bla, bla y bla)”, entre otras, subsidio aprobado por el Directorio del organismo mediante Resolución Nº 4097/2010, el cual posteriormente fue ampliado con un millón de pesos.
Anteriormente, la entidad habría recibido otro aporte no reintegrable del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación por $ 1.250.000, con la finalidad de financiar la creación de un centro tecnológico para el desarrollo de la Fruticultura.
A raíz de una denuncia efectuada por la ex Tesorera de la Mutual, la Justicia santafecina abrió una causa por presuntas irregularidades en el manejo de fondos nacionales, considerando que los imputados se organizaron para pedir subsidios, cobrarlos y luego recuperar el dinero a través de terceros, sin invertir en los programas productivos con los que habían justificado los apoyos económicos recibidos.
Para dar lugar a la consideración de este tipo de proyectos a financiar con fondos públicos no reintegrables, el INAES exige que la entidad solicitante cuente con todas sus obligaciones al día. Llamativamente, la denunciante sostiene que tras su renuncia, la Mutual no habría presentado los balances en tiempo y forma correspondientes a los ejercicios de los años 2008, 2009 y 2010.
De los allanamientos realizados surge que parte de estos subsidios requeridos para la explotación de la frutilla eran desviados para pagos de distinta naturaleza, alejados del correcto uso por el cual habían sido entregados. Por ejemplo, se observan cheques abultados de la Mutual entregados a empresas dedicadas a brindar servicios informáticos, aunque para esos tiempos la entidad sólo tenía una computadora y una impresora.
Además, se observaron pagos por $ 480.000 a una empresa de transporte de micros por un viaje a Buenos Aires en el marco del Congreso Federal de Economía Social.
No todo termina ahí, ya que habría cheques destinados a publicidad política en la campaña de un diputado relacionado al kirchnerismo, como así también pintadas y carteles de la Agrupación Kolina que responde a la ministra Alicia Kirchner.
Oportunamente, cinco individuos relacionados a la Mutual fueron detenidos, identificados y luego liberados en el marco de la investigación que ya lleva un año y medio. Los más comprometidos son: Leandro Oyarzábal (Presidente), Ignacio Páez (Tesorero) y el contador externo Simón Saccone, hombre de estrecha relación con el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social y funcionario que fuera contratado en el organismo mediante la Decisión Administrativa Nº 243/2011 del Ministerio de Desarrollo Social.
Una situación de ribetes escandalosos. Una que sale a la luz de tantas otras similares que algún día conoceremos.
Esta situación no parece haber causado mucha preocupación en la cúpula del INAES o, tal vez, hayan aceptado el costo de hacer estas desprolijidades y desmanejos de fondos públicos: “entre tantos, alguno iba a saltar”. Quizá, sea por este motivo que mantiene en funciones al contador Simón Saccone, uno de los detenidos y luego liberado por el choreo en Pro-Frut.
Este profesional es parte del armado político y económico de Tecnópolis, entre otras actividades, conjuntamente con César Malato y Orlando Barquín, integrantes de la Agrupación Kolina Santa Fe.
Saccone sería quien le tramitaba la rápida adjudicación de subsidios y quien asesoraba al presidente de la Mutual sobre cómo concretar hacer las gestiones para hacer restituir el dinero a quienes correspondiera y conseguir empresas y monotributistas que pudieran extender facturación fiscal por servicios, para justificar la salida de los fondos.
El Mutualista
|
No hay comentarios.:
Publicar un comentario