¿Para qué ha servido tanta propaganda en defensa de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario (DIH) si en nombre de la paz se arrasa con ellos?
Para infortunio de la humanidad, estos valiosos instrumentos éticos y jurídicos que tratan de conducir a estadios avanzados de convivencia entre los pueblos, los países y los individuos han sido objeto de una impúdica y oportunista colonización por parte de ONG, partidos y colectivos que han dado una lectura sesgada y parcializada a un mensaje global.
En Colombia, la perversión del carácter universal de los derechos humanos y del DIH llegó al extremo de hacer recaer sobre el Estado y las instituciones que lo componen, en particular aquellas encargadas de velar por el orden público, todo el peso de las violaciones a estos, a la vez que eximían o callaban ante las acciones terroristas y atroces cometidas por los grupos guerrilleros.
Tal actitud se mantiene a pesar de la conformación de la Corte Penal Internacional (CPI), a la que Colombia adhirió en 2002. La CPI se encarga de investigar a individuos que hayan usado su capacidad y su poder para violar derechos humanos individuales y colectivos.
Es cierto que los Estados, en su calidad de altas partes contratantes, son los que deben responsabilizarse de la promoción y la defensa de los derechos humanos y de castigar a quienes los violan. Pero, al día de hoy, esa limitación o esa especificidad se muestran insuficientes y, por ello, la CPI, que cuenta hoy con más de 120 países adherentes, llena un vacío en materia de investigación, juzgamiento y condena de individuos dirigentes de Estados o de organizaciones armadas con pretensiones políticas.
Tanto el estatuto de la CPI como los acuerdos de Ginebra y el Protocolo II Adicional de los cuales Colombia es signataria hacen parte del llamado bloque de constitucionalidad. Las guerrillas consideran que ellas, por no ser un Estado, no están obligadas a atenerse a tales instrumentos.
Pero resulta que el Gobierno colombiano y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) encargaron a tres juristas, uno español, comunista y al servicio de ese grupo y dos colombianos, ex magistrados de la Corte Constitucional, la búsqueda del mecanismo para que las FARC y sus jefes no tuviesen que pagar penas de prisión por sus crímenes atroces y fuesen políticamente elegibles. Es decir, que inventaran la fórmula para violar el bloque de constitucionalidad sin violar la Constitución.
Y como en Colombia vale aquello de "hecha la ley hecha la trampa", ¡eureka!, la encontraron. Pero retorciéndoles 180 grados el sentido a los tratados internacionales.
La estrambótica idea consiste en violar el bloque de constitucionalidad —al que nos hemos referido— para que el acuerdo político de paz del Gobierno Santos-FARC sea el nuevo bloque de constitucionalidad. Más corto, se va a sustituir-violar la Constitución para salvar la Constitución en nombre de la paz. Una insultante manera de burlarse del derecho internacional a la que se plegaron Naciones Unidas y los Gobiernos de Estados Unidos, México, El Salvador, Cuba —uno de los Estados más violadores de derechos humanos—, Noruega, Chile y el dictador de Venezuela.
Sin sonrojos ni pudores, el Estado colombiano, que signó acuerdos para hacer respetar esos derechos, en aplicación de los cuales hay miles de funcionarios y militares en las cárceles, y una guerrilla que nunca los acogió y los irrespetó masiva y sistemáticamente, han convertido en letra muerta las leyes fundamentales de la nación y lo han hecho pretermitiendo el procedimiento válido para reformar la Constitución.
Los defensores de derechos humanos, con pocas y honrosas excepciones, aplauden esa flagrante violación, sostienen que el cese de asesinatos y otros hechos de violencia ameritan el esperpento. Ponen el retrovisor sobre la paz con los paramilitares, pero no les caza porque ahí hubo penas de cárcel e inelegibilidad política. Apelan a la distorsión semántica afirmando que cárcel no significa cárcel, que el narcotráfico, el secuestro, el reclutamiento de niños, la violación de niñas y mujeres, son crímenes conexos al delito político y cometidos con fines altruistas.
Y cuando se los confronta por su incoherencia y por la tergiversación de esos derechos ripostan con un sartal de insultos, de ataques personales, atribuyen a los críticos mala fe y espíritu guerrerista.
Parece que no se percataran del daño profundo que les están haciendo a la filosofía y al carácter imperecedero y universal de los derechos humanos. No es muy atrevido ni fuera de lugar pensar que quienes así proceden siguen creyendo que las guerrillas son la consecuencia de un estado injusto de cosas y olvidan, minimizan, subvaloran y banalizan los crímenes horrendos cometidos por esas guerrillas para cuyos jefes piden y exigen tratos de preferencia y concesiones sin fin.
Coda: El presidente del Senado, el Polo Democrático y varios juristas exclamaron, con justa razón, su repudio a la pretensión del jefe de sicarios de Pablo Escobar, alias "Popeye", de buscar un escaño en el Senado por haber sido condenado a pena privativa de la libertad. Pues bien, esperamos que, como buenos ciudadanos, también rechacen el otorgamiento de curules a jefes guerrilleros responsables de crímenes de lesa humanidad "que hayan sido condenados en cualquier época por sentencia judicial, a pena privativa de la libertad" (numeral 1 del artículo 179 de la Constitución Política). 
@darioacevedoc 
El autor es historiador, investigador y ensayista colombiano. Doctorado en Huelva, España. Profesor titular de la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín
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